D71696-26, el D71697-26 y D71698-26, que son proyectos de ley sobre los cuales me voy a expresar brevemente. Quiero empezar señalando datos oficiales. En 2025 se incautaron en Misiones más de 35 toneladas de marihuana y más de 30 kilos de cocaína, en lo que va del 2026 ya son más de 25 toneladas de marihuana y 50 kilos de cocaína, todo lo incautado este año vale más de 45 millones de dólares.

Estos números dicen dos cosas, por un lado que la policía de Misiones trabaja y hay que reconocerlo y por el otro que se refleja un problema enorme, la droga que no se encuentra no desaparece, llega a nuestros barrios Misiones tiene cerca de mil kilómetros de frontera con Brasil y con Paraguay y el crimen organizado lo sabe y lo aprovecha por eso necesitamos leyes que estén a la altura de una provincia de frontera la pregunta no es si la policía trabaja o no, la pregunta es si la ley acompaña el trabajo que hace la policía y hoy y muchas veces no la acompaña la venta en un búnker del barrio va a la justicia federal Es decir, el kiosco de la esquina compite contra el narcotráfico internacional.

No hay una ley que diga qué hacer con los bienes que se secuestran de las bandas.

El vecino que denuncia no tiene garantizada la reserva de su identidad.

El policía que enfrenta a una persona violenta tiene solo dos opciones,

o no hacer nada o usar un arma de fuego. Los vecinos que se organizan con alarmas y cámaras no tienen una ley que los respalden. Por eso presentamos estos seis proyectos, que son tres contra el narcomenudeo y tres para la seguridad del vecino. Todos tienen reglas claras, controles y un informe anual a esta Cámara. En este primer bloque referido al narcomenudeo, lo que buscamos es juzgar más cerca. ¿Qué es esto? Proponemos que Misiones adhiera a la ley nacional 26.052, así los fiscales y los jueces de Misiones van a investigar y juzgar la venta de droga en los barrios y la justicia federal se va a concentrar en el narcotráfico de gran escala. Ya 11 provincias y CABA adhirieron a esta ley nacional.

El diputado Arjol presentó un proyecto muy similar de adhesión a esta ley nacional, la cual nosotros compartimos y le sumamos herramientas adicionales,

fijando prioridades por ley respecto a los bunkers, la venta cerca de las escuelas y clubes, la venta con armas y el uso de chicos para vender. y crea una unidad fiscal especializada en el narcomenudeo. Quiero ser claro, señor presidente, no perseguimos al que consume, perseguimos al que vende. Al que consume se lo deriva a prevención y asistencia.

El búnker no es una casa, el búnker es una herramienta del delito.

El juez va a poder clausurarlo, tapearlo y cortarle los servicios. Si es una construcción precaria usada únicamente para vender drogas, va a poder ordenar su derribo,

siempre con informe técnico y notificación al titular, para que la medida no se anule judicialmente.

El propietario al que le usurparon la casa la recupera en 72 horas y no paga el impuesto inmobiliario durante dos años. Las multas y los bienes decomisados van a ir a un fondo provincial, la mitad para la policía, el 25% para prevención de adicciones y otro el 25% que resta para la justicia y la fiscalía.

Esto claramente tiene que ir y la Nación debe asumirlo y girar los recursos. Por eso también proponemos que el Ejecutivo lo reclame dentro de los 30 días sancionada esta norma. Y la implementación, por supuesto, será gradual. El segundo proyecto va destinado a seguir el dinero.

¿A qué nos referimos?

Si detenemos al que vende, pero la organización conserva su dinero,

a la semana...