En un primer momento, recordemos que querían eliminar la pensión por invalidez y poner una pensión por discapacidad laboral, nada más.

Ahí intervino el trabajo que hizo Herrera Aguad, nuestro ex gobernador, y finalmente se preservó y se votó a favor de la continuidad y con algunas reformas que, en cierta forma, el oficialismo tuvo que ceder para lograr esta media sanción. Pero, en forma paralela, desde el Ejecutivo anunciaron este avance de una auditoría, que la verdad es que es una auditoría más que interna, ¿no? Recordemos esta primera auditoría donde se convocó a la gente, donde fue un papelón realmente lo que hicieron, un papelón más que papelón, fue cruel lo que hicieron con los discapacitados. Eso se cortó, se suspendió porque lo que estaba haciendo era de una irregularidad terrible. Cuando eso salió a los medios internacionales y hubo denuncias en organismos internacionales, el gobierno decidió suspender esa famosa auditoría. Pero evidentemente auditorías internas continuaron. Y lo que dice el Poder Ejecutivo es que tienen elementos para poder dar de baja, por lo menos en esta primera instancia, 20.000 pensiones de invalidez, que son truchas. Ellos dicen, son muchísimas de personas que en realidad no tienen ninguna discapacidad, según dice el gobierno, y que están cobrando en forma fraudulenta. Bueno, hay que ver, hasta ahora hay silencio por parte de la oposición y por parte de todos, porque primero, punto uno, no sabemos quiénes serían las personas que perderían esta pensión. Hay que ver si entre estos 20.000, que en esta primera instancia, porque dijeron además en esta primera instancia, después la auditoría continuará y vamos a ver cuántas más caen, ¿no? Pero siempre hasta ahora el anuncio es pensiones fraudulentas, gente que no debería cobrar y que ellos atribuyen que fueron pensiones otorgadas en forma irregular en el último tramo del gobierno de Fernández y que ahora por las auditorías internas se han detectado que son totalmente irregulares y se darían de baja. Y en esta gran bolsa de irregularidades salieron algunas cuestiones, recordemos, ellos están haciendo también seguimiento de algunos prestadores, institutos prestadores, que por ejemplo, este último remar, que era supuestamente un instituto educativo, especialmente que recibía mucho dinero del Estado regularmente, Generalmente, y cuando se hace el seguimiento a la auditoría de esta institución, resulta que estaba cerrada y que no prestaba ningún tipo de servicio, era un galpón abandonado, y obviamente se cerró, no se cerró, se cerró la vía de financiación, ¿no? bueno, ellos dicen que el tema de discapacidad y de estas pensiones sería así lo mismo, ¿no? O sea, después que pasó esto con el caso de este instituto obviamente nadie reclamó, ¿quién va a reclamar cuando estaba todo demostrado de que era absolutamente trucho? Bueno, según dice el gobierno, estas 20.000 pensiones nadie va a reclamar tampoco, vamos a ver, vamos a ver si no termina siendo un papelón como fue esa famosa auditoría esperemos que realmente sean truchas, porque bueno evidentemente nadie está en contra de la auditoría no, para nada al que no le corresponda que no cobre, está perfecto el problema sería que se le corte no solo su pensión por invalidez, sino todavía mucho más preocupante es la obra social de una persona que tiene una discapacidad y una enfermedad recibe un tratamiento cuando en forma tan alegre y despreocupada el Estado le corta le corta el tratamiento y ese ingreso y no es algo que ay me equivoqué y lo soluciono en 5 minutos, son cuestiones burocráticas que a veces tardan muchos meses y puede estar en riesgo la vida de una persona así que bueno, esperemos que efectivamente estas 20.000 pensiones por discapacidad sean realmente irregulares y por eso se las quita claro, gracias Gise a ustedes Gisela Fernández, periodista de la redacción del diario Primera Edición. Es la hora 9, 10 minutos en El País.